La normativa VERI*FACTU impone a los sistemas informáticos de facturación (SIF) la obligación de generar y remitir a la Agencia Tributaria un "registro de facturación" con medidas de seguridad y un código QR en cada factura. Esta medida está diseñada para mejorar el control fiscal.
Por otro lado, la Factura Electrónica, que entra en vigor con la Ley Crea y Crece, obliga a todas las operaciones B2B a ser emitidas electrónicamente, estableciendo un sistema interconectado entre empresas y con la Administración.
Mientras que VERI*FACTU afecta a los SIF y excluye territorios forales, Factura Electrónica se extiende a todas las empresas y autónomos de España. Además, VERI*FACTU incluye tanto facturas completas como simplificadas, mientras que Factura Electrónica solo afecta a facturas completas.
Aunque la implementación de la Factura Electrónica está prevista para 2025, con posibilidad de retraso hasta 2026, VERI*FACTU ya está en vigor.
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